En un comunicado que dio la empresa que mantiene a Panamá  con una calificación de riesgo de grado de inversión (Baa2 con perspectiva “Estable”) recordó que la inclusión inicial de Panamá en la “lista gris” señaló algunas deficiencias en el marco regulatorio que podría haber empañado su reputación como un importante centro financiero regional.

Destacó además que lo más importante de esta la legislación es que le permite a la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá (UAF) compartir información entes homólogos extranjeros, lo que mejorará su eficacia en el ámbito local.

Agregó que, para los bancos, la exclusión de Panamá de la “lista gris” reduce significativamente el riesgo de que se perderán sus relaciones con bancos corresponsales con instituciones financieras internacionales.

“Dado el sistema financiero totalmente dolarizado de Panamá, cualquier reducción significativa de las relaciones financieras habría limitado en gran medida las perspectivas de financiación de los bancos”, aclaró, por lo que a su juicio, la decisión del Gafi ayudará a proteger negocios de financiación de los bancos comerciales nacionales y contribuyen a su continuo acceso a liquidez interbancaria más allá de las fronteras, proporcionando una herramienta adicional para mitigar el aumento de los riesgos de refinanciamiento.

Fuente: Capital.com

Un proyecto de Ley que crea un régimen especial de incentivos fiscales, laborales y migratorios para las entidades de financiamiento marítimo y empresas que realicen proyectos marítimos financiables, según indica la Resolución de Gabinete N°7, publicada en la Gaceta oficial, será propuesta ante la Asamblea Nacional por el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán.

El ministro Alemán presentó la ley ante el Consejo de Gabinete el 2 de febrero.
El movimiento de carga en el sistema portuario nacional el año pasado aumentó 10%, pero aun sin recuperar los 18% que tuvo en 2011.

Fuente: Panamaamerica.com.pa

EL GOBIERNO DE PANAMÁ TIENE LISTO EL ANTEPROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Se recoge una serie de cambios que se hizo en la administración de Ricardo Martinelli y según la propuesta “facilitaron el uso no racional de los fondos públicos, transgresiones al principio de transparencia y del debido proceso”.

Entre las reformas se propone eliminar el sistema de precio oculto en las licitaciones por mejor valor, además de establecer nuevos controles en la incapacidad legal para contratar.

El precio oficial para un proyecto de inversión pública dejará de estar oculto en la licitación por mejor valor con evaluación separada, modelo que se utilizó para contratar la construcción de la línea 1 del Metro en el gobierno de Ricardo Martinelli y también en la línea 2, en la actual administración de Juan Carlos Varela.

Ahora, el Gobierno propone que es necesario reformar la Ley de 2006, para relanzar un nuevo objetivo colectivo de transparencia y eficacia de la administración, y el uso racional de los recursos del Estado.

El anteproyecto se presentará al Consejo de Gabinete el 19 de enero para después llevarlo a la Asamblea.